09
Ene2018

Política de compliance penal en las organizaciones

Los sistemas de cumplimiento normativo, y la prevención de riesgos penales como primera premisa para su implantación, exigen el liderazgo y el compromiso del órgano de gobierno y la alta dirección de la organización en el desarrollo de una cultura ética y de respeto a la ley por parte de las más altas instancias de la organización, raíces fundamentales que necesita el sistema para alcanzar sus objetivos. Por tanto, es fundamental y como reflexión previa, que toda organización se dote de un código ético o de conducta que cimente su cultura de cumplimiento y buenas prácticas. Lo anterior estructura la primera premisa necesaria en toda organización para implantar un sistema de gestión de compliance penal, la necesidad de normas internas que hagan notoria su voluntad de impedir conductas ilícitas y establecer parámetros de conducta esperados.

Teniendo desarrollado lo anterior, la Política de compliance penal de cualquier organización la podemos definir como la reflexión documentada que realiza el órgano de gobierno y la alta dirección sobre que objetivos se quieren lograr y como llegar a ellos en cumplimiento normativo. Representa el camino que establece la organización en el desarrollo de sus actividades afectas al sistema de prevención de riesgos penales, gráficamente es una autorregulación. En ese sentido, es fundamental preguntarse que significa cumplir y determinar los criterios guía del sistema.

La Política de compliance penal debe de estar orientada a la estrategia de la organización, formando parte de sus objetivos, siendo el fundamental la erradicación de conductas portadoras de riesgo penal. Así mismo, determinará el nivel de responsabilidad y desempeño de las funciones de las personas que se vinculan con la organización, exigiendo su compromiso y las consecuencias de incumplimiento. El Código Penal fija la obligación de informar de posibles riesgos e incumplimientos al órgano de compliance penal, circunstancia que quedará igualmente reflejada en la Política.

La Política de Compliance Penal es el fundamento del sistema de gestión de compliance penal, precisa su aprobación por el órgano de gobierno y debe estar disponible para las partes interesadas. Además, explicitando los procedimientos de diligencia debida comunes a todos los miembros de la organización se les debe hacer entrega, facilitarles acceso y requerir el cumplimiento de la Política de Compliance Penal; así mismo, para las funciones especialmente expuestas a riesgo penal se debe exigir una declaración explicita de conformidad con sus exigencias periódicamente. La Política no es un documento único; debe estar respaldada por procedimientos y procesos operacionales, se tiene que desplegar.

Siguiendo la Norma UNE19601, el órgano de gobierno debe impulsar y aprobar una política de compliance penal que:
a) Exija el cumplimiento de la legislación penal aplicable a la organización.
b) Sea congruente con los fines de la organización.
c) Identifique las actividades en cuyo ámbito puedan ser cometidos los delitos que deben ser prevenidos.
d) Prohíba la comisión de hechos delictivos.
e) Minimice la exposición de la organización a los riegos penales.
f) Proporcione un marco adecuado para la definición, revisión y consecución de los objetivos de compliance penal.
g) Incluya un compromiso para cumplir con los requisitos de la Política de compliance penal y del sistema de gestión de
compliance penal.
h) Imponga la obligación de informar sobre hechos o conductas sospechosas relativas a riesgos penales, garantizando que
el informante no sufrirá represalias.
i) Incluya un compromiso con la mejora continua del sistema de gestión de compliance penal.
j) Explicite la autoridad e independencia del órgano de compliance penal, si este no coincide con el órgano de gobierno.
k) Exponga las consecuencias de no cumplir los propios requisitos de la Política de compliance penal, así como de los
derivados del sistema de gestión de compliance penal.

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