16
Oct2017

La vulnerabilidad del sistema de contratación pública y el Public Compliance

La última reforma del Código Penal del año 2015 trae a la palestra el artículo 31 bis y la necesidad de implantar Programas o Sistemas de Cumplimiento capaces de exonerar de una posible responsabilidad penal a la empresa. Llegados a este punto, hemos de puntualizar que el artículo 31 quinquies establece que las disposiciones relativas a la responsabilidad penal de las personas jurídicas no serán aplicables al Estado y sus administraciones. Hoy, por lo tanto, queremos ahondar en un tema menos conocido y estudiado pero, a nuestro entender, igualmente necesario como lo es el Public Compliance.

Hace escasos días conocíamos la noticia por la que se señalaba que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco había recurrido y rebajado la sanción, de 18 millones de euros, establecida contra una serie de empresas del sector alimentario por repartirse el mercado del catering escolar. Para el Tribunal, todo ello fue consecuencia de una falta de “reacción, indagación, consulta o prevención” que demostró el Departamento de Educación del Gobierno Vasco durante los procesos de contratación, llevados a cabo durante el periodo comprendido entre los años 2003 y 2015, en los que las mencionadas pactaron los precios de las licitaciones relativas a diferentes servicios de comedor. De esta forma, el Tribunal estima que la cantidad mencionada habrá de ser reducida en un 60% como consecuencia de que las citadas empresas tenían la creencia de que “actuaban de una manera asumible de cara al interés público en el funcionamiento regular y estable” del sistema público de contratación.

De lo expuesto en las líneas precedentes, podemos deducir una falta de estímulos o alicientes en las Administraciones Públicas para instaurar Sistemas de Public Compliance. Todo ello pese a que, aún no habiéndose desarrollado las suficientes medidas para tener la necesidad de implantarlos, existen regulaciones específicas como el Convenio de las Naciones Unidas contra la corrupción o los documentos de la OCDE sobre buenas prácticas en la contratación pública que invitan a hacerlo. Además, parece lógico pensar que el liderazgo en el cumplimiento legal y de consecución de una cultura de buenas prácticas tenga que comenzar con el ejemplo de la propia Administración.

Por consiguiente, cuando una entidad o administración se ve, voluntaria o involuntariamente, comprometida por este tipo de situaciones, más allá del incremento o sobrecostes millonarios que se puedan generar en las arcas de las administraciones, el daño reputacional o de imagen, la pérdida de legitimidad y la necesidad de dar cumplimiento a los compromisos establecidos en la RSC o responsabilidad social corporativa, pueden suponer una erosión importante en la relación administración-ciudadano. La cohesión social radica en la cercanía y sinceridad entre el ciudadano y la administración y, por lo tanto, es razonable llegar a la conclusión de que la contratación pública, siendo el sector decisivo para la prevención de la corrupción, haya de tener medidas internas adicionales de contratación que sirvan para reducir el amplio margen de discrecionalidad que permite la Ley de Contratos del Sector Público.

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