La Norma UNE 19601, Sistemas de gestión de compliance penal


1º.- La Norma establece un marco de referencia que permite a las empresas que lo implantan, disponer de un sistema de gestión de compliance penal alineado con el Código Penal, además de completar los contenidos y la eficacia del compliance con los estándares internacionales.

2º.- Facilita diseñar o evaluar un sistema de gestión de compliance penal, que permite generar o mejorar una cultura organizativa orientada a la prevención y detección penal y opuesta a las malas praxis que toleran o amparan conductas ilícitas en las organizaciones.

3º.- Establece un estándar nacional que fija las bases homogéneas de entendimiento y comunicación respecto de lo que es un sistema de gestión de compliance penal, procurando que las organizaciones que recurren a su diseño, implantación, mejora o evaluación puedan disfrutar de una ventaja competitiva que les otorga su reconocimiento en el mercado.

4º.- Es de aplicación a organizaciones de todos los tamaños y actividades, tanto del sector privado como público, con o sin ánimo de lucro. La exposición a los riesgos penales variará según diferentes circunstancias, como su tamaño, el sector de actividad o las ubicaciones donde operen, así como por la diversidad y complejidad de las transacciones.

5º.- Cumplir con los requisitos de la Norma no asegura completamente que no se hayan producido en su seno delitos, ni que no vayan a producirse en el futuro. No brinda una garantía absoluta de eliminación del riesgo de comisión de delitos que afronta una organización, y no asegura la exoneración o atenuación automática de la responsabilidad penal de la persona jurídica.

6º.- Ayuda a las organizaciones a desarrollar sistemas de gestión de compliance penal con contenidos razonables para prevenir, detectar y gestionar conductas ilícitas generando así la cultura organizativa del cumplimiento de la legalidad que pueda fundamentar, en última instancia, la exoneración de su responsabilidad.

7º.- Su contenido puede servir de referencia para los tribunales de justicia y demás operadores jurídicos a la hora de facilitarles el establecimiento de criterios para valorar el cumplimiento por parte de las empresas u otras organizaciones de las exigencias previstas en la legislación penal.

8º.- Establece como elementos fundamentales del gobierno corporativo el control de riesgos y la supervisión de su gestión.

9º.- Pretende acreditar, a efectos de la responsabilidad penal de las organizaciones, un comportamiento que evidencie una cultura organizativa de respeto a la norma y colaboración con las Autoridades en la evitación de la comisión de delitos por parte de las personas físicas que las integran.

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